La Declaración de la Independencia afirma audazmente que el primero de nuestros derechos inalienables es el derecho a la vida, que nos lo dio el Creador. Sin embargo, a pesar de haber sido proclamado tan solemnemente, el derecho a la vida está hoy amenazado y a menudo es negado, especialmente en los momentos en que la vida es más frágil. Lo primero que nuestras leyes deben hacer es proteger la vida. Incluso con la anulación de Roe vs. Wade, muchos estados todavía no reconocen a los niños en el vientre materno como personas y aún declaran que el aborto es un derecho. Además, muchos dirigentes políticos trabajan de manera activa para aumentar el acceso al aborto. Algunos falsamente lo describen como atención de la salud e incluso como un derecho humano fundamental. Las leyes y políticas que legalizan o promueven un mal intrínseco como el aborto violan la virtud de la justicia.

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Los que trabajan como funcionarios públicos y dirigentes cívicos tienen el deber de servir el bien común y, por lo tanto, tienen la profunda obligación de salvaguardar este derecho fundamental. Mediante nuestra propia oración, testimonio y participación cívica, podemos alentar a nuestros dirigentes a responder de verdad a su llamado a proteger los derechos de todas las personas. Pues “no puede haber verdadera democracia, si no se reconoce la dignidad de cada persona y no se respetan sus derechos” (Evangelium vitae 101).